Article de Proyecto 451 (newsletter).
Hace un año atrás, en México entraba en vigencia la nueva Ley General de Bibliotecas (LGB). Una de las más importantes modificaciones fue la referida a la figura del depósito legal, por la cual los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales quedaban obligados a entregar una copia digital de sus obras. La ley generó el rechazo de editores, quienes en su momento sostenían que no había infraestructura ni tecnología para garantizar que esos libros no van a estar en riesgo, “no se garantiza la seguridad para los archivos digitales”, decían. La polémica llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien recientemente falló: “La copia o digitalización de las obras que se publiquen en el país y se entreguen al depósito legal no podrán ser colocadas libremente en una computadora sin Internet de la Biblioteca de México para su consulta pública, ya que será necesaria la autorización de su autor”. Así lo indicó la SCJN tras resolver los amparos promovidos por más de 80 productores y autores de contenidos (de libros, canciones, películas y series creados en México) en contra de la Ley General de Bibliotecas.
A través de un comunicado, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) explicó que las bibliotecas no podrán poner las obras y producciones para consulta pública sin la previa autorización de los titulares de derechos. “Además de esta autorización que deben dar los titulares para la consulta pública de sus materiales, la SCJN salvaguardó su derecho a proteger esas obras y producciones con medidas especializadas”, indicó la Caniem (Crónica, 4 minutos).
En otra parte del mundo, más precisamente en Maryland, ocurrió algo similar. La Asociación de Editores en Estados Unidos había presentado una demanda contra el Estado de Maryland por una legislación que obligaba a todos los editores a poner sus obras literarias a disposición de las bibliotecas públicas en formato de libro electrónico y audiolibro. En su momento, el tribunal concedió la moción a la Asociación, lo que impidió que los funcionarios de Maryland hicieran cumplir la nueva ley de libros electrónicos de bibliotecas del Estado. Ahora la noticia es que la jueza federal de distrito de Maryland, Deborah L. Boardman anuló la ley. La Asociación de Editores logra así un tanto que va a tener repercusiones potenciales para una legislación similar en otros 6 estados del país y en detrimento de las aspiraciones de las bibliotecas públicas (DosDoce, 3 minutos).
Las legislaciones relacionadas con el depósito legal están en análisis y discusión en todo el mundo con muy diferentes proyectos. Las querellas entre editoriales y bibliotecas están escribiendo una página propia de la historia del sector editorial. Y aún quedan episodios por escribirse.
